Resumen: La Audiencia estudia la situación planteada en la fase de ejecución de un lanzamiento, en el que se solicita en apelación la revocación de la decisión de primera instancia de no suspenderlo pese a la alegada situación de vulnerabilidad económica del ocupante. Recuerda que no existe un derecho constitucional a la segunda instancia y que, por lo tanto, habrá que estar a lo que en cada caso diga la ley. En fase de ejecución la LEC señala que cuando se trate de actos concretos de ejecución, no de decisiones que contradigan el título, sólo serán apelables aquellos que específicamente se diga en la ley. Ni la ley de enjuiciamiento, ni las normas de protección de los ocupantes de viviendas en situación de vulnerabilidad económica y social hacen referencia alguna a la recurribilidad de las decisiones tomadas en primera instancia al respecto. Tampoco la normativa protectora dictada como consecuencia de la pandemia (normativa COVID). Por lo que declara la inadmisión del recurso y, por ende, sus desestimación.
Resumen: Se analiza el óbice de procedibilidad respecto de la admisión del recurso alegado por la parte apelada y consistente en la falta de acreditación, en el momento de interponer el recurso, de tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas que impone el art. 449.1 LEC. Señala el Tribunal que la norma no establece distinción en función de la clase de proceso o del ejercicio único o acumulado de acciones, ya que lo que se requiere es que el proceso lleve aparejado el lanzamiento, y el Tribunal Constitucional ha analizado el precepto, tanto la anterior regulación como la actual y ha fijado Doctrina oor la que no considera un formalismo desproporcionado la obligación de estar al corriente en el pago y acreditarlo, sino que es una exigencia esencial de acceso al recurso que debe ser cumplida, ya que su finalidad es asegurar los intereses del arrendador que ha obtenido sentencia favorable evitando que el arrendatario se valga del sistema de recursos para continuar en el goce del inmueble sin pagar la renta correspondiente, por lo que en este supuesto debería haber sido inadmitido el recuro en Primera Instancia, y, en apelación, la causa de inadmisión se convierte en desestimación.
Resumen: La actora recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social, que desestima su solicitud de extinción indemnizada de la relación laboral. La Sala de lo Social rechaza, en primer lugar, la solicitud de modificación del relato fáctico, al no darse los requisitos jurisprudenciales para acceder a la misma; y, en segundo lugar, desestima el recurso al no quedar acreditado falta de respeto alguna por parte del empleador después de retomar la actividad laboral una vez finalizado el estado de alarma. El recurso se asienta en el rechazable vicio de la petición de principio o hacer supuesto de la cuestión, toda vez que los audios aportados no han causado convicción. Y el único hecho acreditado es un incidente en relación a la limpieza de los baños en el que el empresario se dirigió a la trabajadora a gritos y con lenguaje soez (cago en dios), pero posteriormente se disculpó mediante un mensaje de whatsapp, y la posterior baja por ansiedad de la actora, datos insuficientes para justificar la concurrencia de la causa extintiva del art. 50.1.a ET.
